En Ecuador, 65% de mujeres ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Así consta en la Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, del INEC, del 2019.
Un año antes, el presidente saliente, Lenín Moreno, aprobó la Ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, aunque no le dio presupuesto. Su sucesor, Guillermo Lasso, deberá tomar decisiones, para que las medidas de protección que contiene se concreten y así cumplir su oferta de feminicidio cero.
“No podemos seguir con ese nivel de violencia y sin invertir para combatirla”, sostiene Geraldine Guerra, de la Red Nacional de Casas de Acogida para víctimas de maltrato.
El presupuesto, señala, debe ser suficiente, eficiente y llegar a tiempo. Para cumplir con la Ley, Guerra indica que es necesario que las nuevas autoridades conozcan las casas de acogida, desde donde se previene la violencia y, por ende, el feminicidio.
En lo que va de este año ya se registran más de 50 feminicidios. Y del 2014 al 2020 suman 850.
Una de las grandes deudas del Gobierno es no contar con el personal suficiente para la atención de las víctimas, han denunciado organizaciones. Se requieren psicólogos, trabajadores sociales y más personal especializado, no solo en urbes grandes.
El Presidente electo resaltó, en la presentación de su frente social, que el objetivo de su Gobierno es llegar a cero en feminicidios. “No podemos decir que hemos logrado bajar 25%”. Y ayer, después de recibir las credenciales que lo acreditan como Mandatario, volvió a hablar del combate a este tipo de violencia.
En el país hay nueve casas de acogida, de las cuales cinco mantienen convenios con el Estado. Las otras cuatro -en Quito, Tulcán, Cotopaxi y Tena– están a cargo de municipios y no reciben fondos de la Secretaría de Derechos Humanos.
Su titular, Cecilia Chacón, dice que se han invertido USD 2,4 millones cada año para ejecutar 21 convenios de todo tipo, incluidos los que tienen con 16 centros de atención integral, que son el primer punto al que llegan las víctimas de violencia, antes de ser derivadas a una casa de acogida.
En materia del cumplimiento de la Ley para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres está pendiente consolidar el Registro Único de Violencia (RUV).
Chacón afirma que se completó el diseño metodológico y de gestión y que se le entregó la información al Ministerio de Gobierno, para la etapa de implementación. Eso incluye la tecnología para almacenar información confidencial de víctimas de violencia y sus victimarios.
La intención, dijo, es trabajar a partir de esos datos en la prevención y en la generación de política pública.
El RUV tuvo un presupuesto inicial para la consultoría, que no alcanza los USD 100 000, precisó la secretaria de Derechos Humanos. No se conoce cuánto costará finalmente.
En el marco de derechos también está pendiente el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, sobre la despenalización del aborto para víctimas de violación. El Presidente electo aseguró que él y todos los funcionarios de su Gobierno respetarán lo resuelto por el tribunal.
El proyecto de Ley, con los protocolos para el aborto, lo construye la Defensoría del Pueblo y luego debe tratarlo la Asamblea. Pero la sentencia de la Corte es de cumplimiento inmediato, desde el 28 de abril.
Eso significa que desde la sentencia, ninguna mujer violada que decida abortar ni el médico que le practique el aborto podrán ser criminalizados, explica la médica y activista Virginia Gómez de la Torre.
El sistema de salud, anota, está preparado para dar la atención, ya que se cuenta con guías de práctica clínica para aborto terapéutico, que ya se aplicaba a mujeres con discapacidad o cuando su vida estaba en peligro.
El nuevo Presidente también asume su cargo con deudas pendientes hacia los Glbti (Gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo). En marzo, en el Día de la Visibilidad Trans, Lasso promovió los derechos de esta población con un video.
La secretaria de Derechos Humanos designada, Bernarda Ordóñez, manifestó el compromiso del gabinete para erradicar todas las formas de discriminación y violencia. “Los seres humanos somos libres e iguales”.
El abogado de la Fundación Pakta, Christian Paula, recuerda que la Asamblea no ha legislado, como ordenó la Corte Constitucional desde el 2017. Por ejemplo, sobre la sentencia de Bruno Paolo, que reconoce derechos de la identidad trans. Ni en el caso Satya, por el que se solicitó la Ley de Identidad para que parejas homoparentales puedan legalizar a sus hijos. Ni se ha tramitado lo dispuesto sobre el matrimonio igualitario, aprobado por la Corte en el 2019.
