La depuesta líder birmana, Aung San Suu Kyi, apareció este lunes 24 de mayo del 2021 ante un Tribunal por primera vez desde el golpe de Estado tras más de tres meses de arresto y reafirmó la legitimidad de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
Uno de sus abogados confirmó a Efe que pudo reunirse por primera vez en persona con la derrocada consejera de Estado y ministra de Exteriores, que no ha sido vista en público desde que los militares la arrestaron el 1 de febrero en Naipyidó, la capital, para ejecutar su golpe de Estado.
Entre fuertes medidas de seguridad, la vista celebrada en un Tribunal especial habilitado en la Oficina del Gobierno de Naipyidó, solo sirvió para que Suu Kyi se reuniera con sus representantes legales para preparar su defensa hasta la próxima sesión, programada para el próximo 7 de junio por el juez.
La Nobel de la paz, que, según sus abogados vive aislada y sin noticias de lo que ocurre en su país, pudo reunirse antes de la sesión 30 minutos con sus letrados, con quienes hasta ahora solo había coincidido por videoconferencia.
La derrocada líder, acusada de seis cargos variopintos, como la importación ilegal de dispositivos electrónicos, la vulneración de las normas contra el covid-19 y la incitación al odio, se quejó de que la media hora concedida con sus abogados no era suficiente, según indicó su letrado, Khin Maung Zaw a Efe.
Defensa de su partido
Además de analizar la estrategia del caso, la líder depuesta de 75 años, dijo que le desea a los birmanos “buena salud y prosperidad” y defendió la legitimidad de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), que arrasó en las elecciones de noviembre y al que el Ejército acusó de fraude para justificar el golpe de Estado.
La LND “fue creada por el pueblo, por lo tanto seguirá existiendo mientras el pueblo la apoye”, dijo Suu Kyi, quien afronta también otro proceso en el Tribunal Supremo por la supuesta violación la Ley de Secretos Oficiales, el cargo más grave y que podría suponer una condena de hasta 14 años de cárcel. Estas palabras de apoyo a su partido se producen después de que el pasado viernes, la Comisión Electoral birmana, controlada por los militares, anunciara que disolverá por fraude electoral a esta formación y que perseguirá por “traición” a sus líderes, entre ellos Suu Kyi.
Las protestas contra la junta militar continúan hoy un día más para expresar el rechazo popular al mando castrense y exigir la liberación de todos los detenidos, incluida Suu Kyi, y el restablecimiento de la democracia usurpada por los militares.
Enfrentamientos violentos
Además de las protestas pacíficas, huelgas y del movimiento de desobediencia civil, han surgido milicias civiles que han tomado las armas en contra de los militares golpistas liderados por el general Min Aung Hlaing y que a menudo encuentran en las guerrillas de las minorías étnicas un aliado de circunstancias ante el enemigo común.
Uno de los puntos más conflictivos de los últimos días es el estado Kayan, donde al menos cuatro personas murieron y otras ocho resultaron heridas cuando permanecían refugiadas en una iglesia cristiana atacada la pasada madrugada por el Ejército birmano.
Un artefacto explosivo disparado por las Fuerzas Armada causó cuantiosos daños en el techo del templo, que se derrumbó parcialmente sobre varias personas que habían acudido allí a refugiarse por miedo a los combates entre el Ejército contra civiles armados apoyados por un grupo rebelde.
Según el portal Kantarawaddy Times, unos 40 soldados murieron el domingo 23 de mayo durante los combates contra las Fuerza de Defensa Civil, la resistencia armada creada por la oposición política, que contó con el apoyo del rebelde Ejército Karenni.
El Ejército birmano, que cuenta con más de 300 000 efectivos y armamento moderno suministrado principalmente por China y Rusia, ha incrementado el conflicto contra varias guerrillas étnicas que han mostrado su apoyo al movimiento prodemocrático, que ha formado su propio Gobierno de Unidad Nacional alternativo.
Al menos 818 personas han perdido la vida desde la asonada a raíz de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que contabiliza en casi 5 400 los detenidos desde el golpe de Estado.
