El organismo internacional resalta, al menos, nueve sentencias del máximo organismo de control constitucional que protegen derechos humanos
La Human Rights Watch (HRW) y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) exhortaron al Gobierno de Guillermo Lasso y a la Asamblea Nacional a “priorizar” la aplicación de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional (CC) en, al menos, nueve temas.
Con el inicio del nuevo periodo presidencial y legislativo, los dos organismos emitieron este 27 de mayo un llamado a las autoridades nacionales para cumplir con la protección de derechos humanos.
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El director de la HRW, Miguel Vivanco, consideró que “el cumplimiento con los estándares internacionales y constitucionales por la actual Corte Constitucional es un hito en la democracia ecuatoriana y sus pronunciamientos, en los que se reafirman derechos fundamentales, que deben orientar las políticas públicas y los debates legislativos durante la presidencia de Lasso”.
A criterio de la HRW y la ODJ, las sentencias relacionadas con derechos humanos de la CC que deben ser implementadas tomando las acciones necesarias son la despenalización del aborto en casos de violación sexual, el matrimonio igualitario, la acción afirmativa, derecho de mujeres y niñas a la educación, estándares sobre el uso progresivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad pública, independencia judicial, derecho a la libertad de expresión, protección de migrantes y refugiados, derecho a la salud de las personas privadas de la libertad (PPL).
“En estos casos, la Corte directamente modificó leyes o instruyó que se adoptaran leyes específicas consistentes con sus pronunciamientos y con los estándares internacionales. El presidente Lasso y otras autoridades competentes deben cumplir con estas sentencias, proponiendo sin demora las reformas necesarias. La Asamblea Nacional debe priorizar el debate y la aprobación de nuevas leyes acordes con los estándares internacionales de derechos humanos”, precisó la HRW y la ODJ en su comunicado de este 27 de mayo.
Se recomendó al primer mandatario que, en casos como la educación a las mujeres y la salud de las PPL, se “deberían formular políticas públicas y trabajar con los legisladores en la redacción de proyectos de ley que estén en línea con las sentencias y los estándares internacionales”.
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En cuanto a libertad de expresión, Lasso, en una de sus primeras decisiones, remitió el pasado 25 de mayo a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, que aún no es asignado por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) a una de las comisiones permanentes legislativas.
En cuanto a la despenalización del aborto por violación, sentencia que se emitió en abril pasado por la CC, la Defensoría del Pueblo debe elaborar una propuesta legal para aplicar el pronunciamiento.
De momento, la Defensoría está manteniendo reuniones con organizaciones de la sociedad civil para construir el proyecto de Ley de Interrupción Legal Voluntaria del Embarazo por Violación. (I)
