Tres sentenciados y tres llamados a juicio, el resultado de la investigación realizada a supuestos actos de corrupción ocurridos en el Ministerio de Economía.
Tres personas sentenciadas bajo procedimiento abreviado y otros tres procesados llamados a juicio por los delitos de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones, fueron el resultado de una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se analizaba el que varias personas estaban aprovechando su condición de servidores públicos para beneficiarse económicamente.
Las investigaciones en el caso arrancaron en julio del 2019 con una denuncia presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su extitular Richard Martínez. Más de un año después de realizados los allanamientos y las detenciones, la Fiscalía determinó que dos funcionarios públicos y cinco ciudadanos exigieron cuotas a cambio de agilizar los procesos de pago de proveedores de instituciones públicas.
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La jueza penal de Pichincha Yadira Proaño sentenció a Pilar P., Jenny L. y al funcionario público Álvaro L. a dos años de cárcel, debido a que se sometieron al procedimiento abreviado, es decir, reconocieron su responsabilidad en los hechos analizados; mientras que Walter M., Luis A. y el funcionario público Eduardo V. fueron llamados a juicio.
Solo para Ángel P. se dictó un auto de sobreseimiento, el cual fue apelado inmediatamente por la Fiscalía y la acusación particular del caso, pues existirían los elementos suficientes de su participación en los hechos.
Los sentenciados deberán pagar una reparación económica al Estado ecuatoriano de $ 817.217. De acuerdo con los elementos obtenidos en la investigación, el valor recaudado por la presunta asociación delictiva alcanzó los $ 3,3 millones.
En mayo de 2019 se detuvo a las siete personas y se realizaron once allanamientos en ciudades como Ambato, Otavalo, Latacunga, Sangolquí y Quito. Agentes de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía fueron quienes operaron en este caso.
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Dentro de la fase de investigación, la Fiscalía habría identificado un concierto de voluntades para delinquir, entre funcionarios públicos que tenían acceso a información respecto a la lista programada para pagos en el MEF y personas externas a esta institución, que se encargaban de tomar contacto con los proveedores.
Con este modus operandi, aparentemente los integrantes de la organización exigían el pago del 4% al 5% de comisión sobre el monto pendiente de pago en el MEF y de esa manera agilizar el trámite para el desembolso; incluso, amenazándolos con que no se haría su pago si no accedían a otorgarles la comisión solicitada. (I)
