De las 183 compras de ínfima cuantía que realizó la Presidencia de la República en los últimos doce meses, once corresponden a obsequios.
El 24 de mayo pasado entró en vigencia un código de ética, a través de un decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso, que enlista normas de comportamiento gubernamental, como el correcto uso de los aviones de la Presidencia, restricciones por conflictos de intereses en la contratación pública, la fijación de un límite del valor de ciertas adquisiciones, entre otros lineamientos para alcanzar una administración transparente y eficiente con los recursos públicos, según el artículo 1 de dicho documento.
Por ejemplo, sobre el uso de esas aeronaves, se enfatiza, que estas serán utilizadas solamente para actividades institucionales y que se difundirá el listado de las personas que viajaron y la descripción del equipaje o carga correspondiente a cada pasajero.
Esta no es la primera vez que se intenta conocer y transparentar los detalles del uso del Embraer Legacy 600 y el Falcon 7X, aviones adquiridos en los gobiernos de Rafael Correa. En marzo del 2019, la Contraloría envió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal por irregularidades en el uso de los aviones presidenciales que volaron a paraísos fiscales sin registro de pasajeros, pesos y equipajes.
Informe con indicios penales por el uso de aviones presidenciales fue remitido a Fiscalía
El código de ética también reitera la prohibición de recibir regalos por parte de funcionarios o ejecutivos, nacionales o extranjeros, o de personas particulares que pretendan hacer negocios o tener alguna relación comercial con el Gobierno, según el artículo 18.
Mientras, en el artículo 22 se fija un límite máximo de $ 200 al valor de los obsequios que un funcionario público entregue o reciba en eventos, conferencias y otro tipo de reunión internacional.
La compra de artículos para entregarse como obsequios no ha sido una práctica ajena de la Presidencia de la República. Entre sus adquisiciones de ínfima cuantía de los últimos doce meses constan varios ítems de esa naturaleza, según los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Desglose de contrataciones de ínfima cuantía
Las contrataciones ascienden a unos $ 200.000: servicios, suman $ 65.000; el mantenimiento de ambientes y bienes, se calcula en $ 47.000, que incluye chequeos a ascensores y aires acondicionados, fumigación de oficinas, aromatización de baños, por ejemplo. Las compras relacionadas con comunicación y publicidad suman $ 21.000; las de tecnología, $ 19.000; gastos varios, como televisión pagada y compra de ejemplares de prensa escrita, $ 14.000; mantenimiento de vehículos, $ 12.000; limpieza y desinfección, $ 11.000; y en el rubro de obsequios, las compras ascienden a casi $ 10.000, según los registros del Sercop.
En abril pasado, Presidencia compró cerca de $ 3.000 de “chocolates finos de aroma para obsequios oficiales”, en 10 procesos contractuales. En los registros no se detallan las actividades en que se entregarían las golosinas. En diciembre se adquirió 4.700 fundas de caramelos como obsequios oficiales, por un monto total de $ 7.050.
Siete de esas diez adquisiciones de chocolates que se hicieron en la administración de Moreno superaron los $ 200 cada una.
Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, califica de positiva la norma que establece un límite máximo del monto de regalos, pues cree que ayudará a frenar prácticas que podrían representar gastos innecesarios o caros.
“Me parece que se debería reducir este monto, para evitar que se den regalos carísimos, que se regalan Rolex, que se regalan botellas de licor carísimas”, comenta Gómez, quien añade que en los procesos de compras públicas deben constar todos los detalles de las adquisiciones, sus justificativos, beneficiarios, etc., incluyendo las compras de ínfima cuantía, por el principio de transparencia.
“De pronto, muchas personas podrán decir que solo son funditas de caramelos, sí, pero esos $ 7.000 salieron del bolsillo de los ecuatorianos. Sean $ 7.000 o $ 0,07 es dinero que le corresponde saber a los ciudadanos. Hay que tener mucho cuidado con los fondos públicos”, dice el activista.
Por su parte, el presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador, Miguel García, considera que se deben anexar los respaldos documentales de esas adquisiciones.
“Si bien es cierto que hay que agilitar la compra porque van a visitar un refugio de niños y que es Navidad, si es el caso, yo quiero entender que es así, pero eso no quiere decir que no debe llevarse un acta y que diga ‘entregado, etc.‘. Esto debería de estar en el portal de compras públicas, por transparencia, se debe empezar desde lo pequeñito”, opina el dirigente gremial.
El coordinador del Observatorio de Gasto Público refiere también que las autoridades deben de priorizar los egresos de acuerdo a las necesidades y al contexto económico-social. Él recuerda varios procesos de compras, a las que califica como innecesarias, que se crearon durante los meses más críticos de la pandemia por COVID-19.
“Durante la pandemia había procesos de compras de trajes de baño del Cuerpo de Bomberos de Quito o que casi se contratan cursos de inglés y natación vacacionales por el Municipio de Guayaquil”, dice Gómez.
¿Basta con un Código de Ética para combatir la corrupción?
El presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador sugiere a las autoridades que administran los recursos públicos y a los funcionarios a cargo de las compras públicas que deben categorizar los gastos entre prioritarios, secundarios y superfluos, para facilitar la correcta administración de los presupuestos.
“Los superfluos no deberían de adquirirse bajo ninguna circunstancia. No pasa nada si algún visitante que llegue aquí no se lleva una funda de chocolates”, opina. (I)
