El actual Gobierno ofreció cambiar ese panorama de necesidades, inequidades y violencia que lo ha visibilizado el colectivo feminista en el país.
Evelyn no ha cumplido la mayoría de edad. Ella acudía a un gimnasio en Bahía de Caráquez. En ese lugar conoció a un instructor, quien, al cabo de varias semanas, terminó convirtiéndose en el origen de sus pesadillas.
Esto ocurrió hace más de un año, cuenta Andrea Quijije, miembro del Movimiento de Mujeres por la Justicia, organización que promueve el respeto de los derechos humanos y que dio seguimiento jurídico al caso.
“La niña acepta salir con él, un tipo de 40 años. Van al parque, al cine. Y un día, él intenta violarla, pero ella no se dejó, y la golpeó brutalmente. La niña todavía está con psicólogo. Ya ha pasado más de un año, fue en el 2019, viene el confinamiento y la chica sigue con pesadillas, crisis nerviosas. Al tipo se lo denunció, pero se fue del país, hasta donde sabemos”, relata la activista, quien cree que son insuficientes las políticas públicas para proteger a las mujeres y combatir la impunidad como, asegura, sucede con varios casos de femicidio que ha conocido.
El actual Gobierno ofreció cambiar ese panorama de necesidades, inequidades y violencia. “Cuando una mujer ecuatoriana es agredida, las heridas las sufrimos todos. Nos convierten en un país menos libre y menos justo, moralmente manchado. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y pondremos en marcha todas las políticas necesarias para garantizarlos”, dijo el presidente Guillermo Lasso, el 24 de mayo anterior.
En el 2018 se registraron 139 muertes violentas de mujeres, según los datos del Ministerio de Gobierno: 58 consideradas femicidio (asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres). En 2019, las muertes ascendieron a 150, de estas 66 femicidios. Y, en 2020, se registraron 164: 78 de estas consideradas femicidio.
Andrea Quijije cree que se les debe garantizar más acceso a cargos de toma de decisiones o aquellos que son clave como los que desempeñan los operadores de justicia (fiscales, jueces), por ejemplo.
“No es una actora directa, permanente, en la sociedad, en los espacios ejecutivo, legislativo, judicial”, comenta. Ella añade que se deben implementar proyectos como la enseñanza de defensa personal, algo que su organización ya hizo y que, cuenta, le salvó la vida a una joven.
El presidente Lasso también se refirió a otra problemática que afecta a las mujeres: el desempleo. “Cuando el desempleo afecta más a la mujer que al hombre, cuando una mujer ecuatoriana gana menos por el mismo trabajo, se produce una inequidad que desgarra el tejido social, empezando por las familias”, añadió en su alocución el mandatario.
Las cifras laborales que publicó hace más de un mes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registran esa brecha que ha perdurado por décadas.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) 2021, en abril pasado, la población económicamente activa de mujeres ascendía a 3,5 millones, pero solo 927.000 tenían un empleo adecuado (perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo). La población económicamente activa de hombres estaba en 4,7 millones, de los cuales 1,7 gozaban de un empleo adecuado.
La trabajadora social Zaida Crespo, quien tiene 30 años como activista por la defensa de los derechos de las mujeres, cree que esto se debe, en parte, a que se ha subestimado la capacidad del género femenino para ocupar cargos o desempeñar oficios tradicionalmente designados a hombres.
“Hay 19 ministros y 7 ministras, incluyendo a las secretarías, si usted analiza qué tipo de ministerios ocupan las mujeres se va a dar cuenta de que son aquellos ministerios que están relacionados con la actividad que tradicionalmente han estado asignados para las mujeres: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social, etc. Hay mujeres profesionales que son ingenieras en Minas y Petróleos, hay economistas de lujo con los méritos suficientes”, comenta Crespo.
“Porque se considera que las mujeres son para ejercer funciones, que de alguna manera son la continuidad de las tareas reproductivas que socialmente nos han asignado a las mujeres”.
Esta es la lista de todos los ministros del gabinete de Guillermo Lasso
Diferencia salarialImagen referencial para graficar. Archivo. Foto: ARCHIVO
La activista señala que la brecha salarial entre hombres y mujeres también afecta la calidad de vida de las mujeres. Este es otro indicador histórico.
Por ejemplo, en 2018 se destinaron $ 25.985′172.586 para pagar la masa salarial del país. $ 15.601′831.708 (60%) recibieron los hombres y $ 10.383′340.878 (40%) las mujeres, según registros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que difundió este Diario el año anterior.
Este es un tema que es analizado a nivel mundial. En el informe La brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina 2019, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se detalla el problema y, entre sus conclusiones, se enfatiza que “es esencial visibilizar que una buena parte de la brecha salarial tiene que ver justamente con las condiciones desiguales en las que las mujeres acceden al mercado laboral”.
En el texto, se añade que “la falta de corresponsabilidad en el cuidado de la familia o la segregación que excluye a las mujeres de los mejores puestos y los sectores mejor pagados serían algunos de los factores que evidencian que la brecha explicada también surge de la discriminación”.
Por otro lado, la organización internacional sin fines de lucro Focus 2030, cuyo objetivo es combatir las desigualdades, publicó en enero pasado los resultados de su encuesta internacional Expectativas ciudadanas a favor de la igualdad de género: una guía para el cambio.
Más de la mitad de las mujeres encuestadas (57%) declara haber experimentado alguna forma de discriminación en su vida personal, profesional o pública.
“Las tres razones principales por las que las personas encuestadas creen que existe la desigualdad de género son: la distribución desigual de los cuidados no remunerados, del trabajo doméstico y de las responsabilidades parentales entre las mujeres y los hombres; las diferentes oportunidades laborales entre las mujeres y los hombres, y el papel de la religión y la cultura”.
Activistas creen que la implementación de políticas que combatan la discriminación en el ámbito laboral, que ayuden a mejorar el acceso a cargos de mayor responsabilidad y que equiparen salarios entre las personas de diferente género, abriría el mercado a miles de mujeres que alcanzan cada año un título universitario. El año pasado, 67.000 mujeres se graduaron de universidades nacionales, versus los 53.000 hombres que terminaron con éxito esa etapa académica. (I)
