La Comisión de Fiscalización elevó una consulta para ver si se puede suspender los plazos y buscar nuevos interpelantes
La Asamblea Nacional no encuentra una salida jurídica para continuar con el procesamiento del juicio político en contra del exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables René Ortiz, debido a que ese proceso se quedó sin interpelantes con la instalación del nuevo periodo legislativo.
La solicitud de juicio la presentaron los ahora exlegisladores Mercedes Serrano y Dennis Marín (PSC), por incumplimiento de funciones en la contratación de seguros de Petroecuador y por supuestas irregularidades en el pago de las liquidaciones jubilares a los trabajadores de las empresas públicas eléctricas del país.
La anterior Comisión de Fiscalización, presidida por Elio Peña (PK-BIN), calificó el pedido el 12 de mayo pasado y al siguiente día notificó a las partes; es decir, el día en que se clausuró el periodo legislativo.
Calificado juicio político en contra del ministro de Energía, René Ortiz, a puertas de la clausura del periodo legislativo
A partir del 14 de mayo comenzó a discurrir el plazo de quince días para que se presenten las pruebas, ese plazo venció el pasado 28 de mayo. Aunque la normativa estipula diez días adicionales para la práctica de pruebas solicitadas; luego la comisión tendría cinco días para elaborar el informe y con la posibilidad de solicitar una ampliación de cinco días adicionales.
Para salir del dilema y superar los vacíos legales en el procedimiento, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, elevó una consulta a la Secretaría General de la Asamblea Nacional sobre cómo proceder debido a que los interpelantes perdieron su calidad de asambleístas.
Puntualmente, la petición señala: “emitir informe jurídico respecto de la viabilidad de que la Comisión que presido pueda suspender los plazos y cuál sería el mecanismo legal adecuado para hacerlo. Esta solicitud se ampara en posibilidad de que los interpelantes de los trámites de juicio político que se hallaren en curso, hubieren perdido su calidad de asambleístas. En las circunstancias mencionadas, solicito que dentro del criterio jurídico se establezca cuál sería el mecanismo idóneo para que posesionen o nombren nuevos interpelantes”.
A eso se suma, dijo Villavicencio, que hasta este 31 de mayo no ha llegado la documentación respecto al estado de juicio político en contra del exministro Ortiz. Que la Comisión de Fiscalización anterior tampoco ha presentado un informe y archivos correspondientes sobre el estado de los juicios políticos y plazos pendientes.
Los exasambleístas interpelantes Mercedes Serrano y Dennis Marín manifestaron que el juicio debe continuar, que la falta de interpelantes no es una causal para paralizar el proceso, y que le corresponde a la presidenta de la Asamblea solicitar los nombres de quienes serán los interpelantes, dos días antes de la convocatoria a juicio político en el pleno.
Serrano recordó que la Comisión de Fiscalización solo sustancia el proceso y que no le compete señalar si hay o no interpelantes; por lo tanto, se debe continuar con el procesamiento y presentar un informe si recomienda o no el juicio y será el pleno de la Asamblea quien resuelva si el funcionario es censurado.
No existe excusa para que el juicio contra Ortiz se quede en la Comisión de Fiscalización, este debe continuar hasta que el expediente llegue al pleno, afirmó el exlegislador Dennis Marín, quien dijo que lo óptimo es que los inviten en comisión general para explicar las causales de esa interpelación.
“Cuidado que por falta de criterio paralicen un juicio político, no emitan un informe y busquen una excusa adicional; lo cual sería un grave error de la nueva Asamblea”, subrayó Serrano.
Otros pedidos de juicio
En el caso del juicio político al contralor Pablo Celi, por incumplimiento de funciones, el interpelante Juan Lloret (UNES) fue reelecto, y además se sumarían los legisladores Eitel Zambrano (ex-ID) y Luis Almeida (PSC).
Sobre el anuncio de juicio político en contra del defensor del Pueblo Freddy Carrión, el legislador Villavicencio indicó que hay un compromiso con la legisladora Jeseña Guamaní (ID), para que presente la solicitud.
Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, guarda prisión preventiva por posible abuso sexual
Que entregó a la legisladora toda la documentación que incluye el uso de recursos públicos en un caso en que es investigado Carrión, por un delito de abuso sexual que supuestamente habría ocurrido en la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo pasado, durante una reunión en un departamento del exministro de Salud Mauro Falconí, en el norte de Quito. (I)
