Con el fallecimiento del exsecretario de la Presidencia, José Agusto Briones, en el caso Las Torres quedan aún siendo procesadas trece personas.
A más de un mes y medio de haberse iniciado la instrucción fiscal en el caso Las Torres, proceso penal en el que se investiga el delito de delincuencia organizada, de oficio la Fiscalía dispone que la empresa pública Petroecuador entregue información de contratos y facturas que tengan relación con la proveedora de servicios petroleros Nolimit C.A.
Fiscalía desde el 2019 investigaba a una red de corrupción que operaba desde la Contraloría General del Estado (CGE), la secretaría general de la Presidencia de la República y Petroecuador para exigir dineros a modo de sobornos a cambio de desvanecer glosas en la CGE y facilitar la liberación del pago de planillas que adeudaba la estatal petrolera a Nolimit.
Accionista de la empresa Nolimit, en versión en el caso Las Torres, relata esquemas de sobornos que existían desde el 2012
La teoría de la Fiscalía señala que desde la Contraloría General se desvanecieron al menos cinco glosas por aproximadamente $ 13 millones.
A 48 días de abierta la instrucción, la fiscal Diana Salazar busca conocer información sobre contratos complementarios con Nolimit, datos del convenio cuyo objeto de contratación es la “Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Bomba de Presurización del Sistema Contra Incendio de la Refinería Esmeraldas”, el detalle de 22 facturas emitidas a favor de Nolimit entre el 2018 y el 2020.
Fiscalía pide un informe en que conste todo el proceso de pago que se efectuó para pago de planillas, pagos adicionales, entregables, en el que deberá constar todo el proceso, áreas o departamentos de Petroecuador involucrados, base y normativa legal, requisitos para proceder al pago desde que se inicia el proceso hasta el desembolso, en relación con los contratos de Nolimit en el periodo 2018-2020.
También solicita a Petroecuador indicar en el proceso de pago de los números de facturas adjuntas qué departamentos y funcionarios intervinieron en todo el proceso de pago de estas. La Fiscalía busca tener un listado en el que consten nombres y apellidos de todos los administradores y fiscalizadores de los contratos entre Petroecuador y Nolimit con fechas y periodos.
Por su parte, la empresa Petroecuador, que es parte procesal en el caso Las Torres, solicitó cuatro versiones, de las cuales las de Luis Felipe Abarca y Vicente Stalin González tendrían fecha de realización para el 7 de junio próximo; mientras que antes de atender la petición de versión de Samuel Demetrio Vernaza, administrador de un contrato con Nolimit; y de Álex Bravo, quien fue el jefe del Proyecto de Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, la Fiscalía pide que se indique la pertinencia de las versiones en relación con el período y hechos de la investigación.
Bravo fue mencionado en la versión entregada por Pedro Crespo, uno de los accionistas de Nolimit. Según él, para el 2013, Álex Bravo se acercó a José Luis De la Paz, otro de los accionistas de Nolimit, para preguntarle cuánto se les había exigido como comisión por parte de Marcelo Reyes, entonces asesor legal del gerente de Refinación de Petroecuador, y cuánto se había pagado.
A decir de Crespo, De la Paz le había contado todo a Bravo y en Nolimit se dieron cuenta de que había un malestar entre funcionarios de Petroecuador. Inmediatamente Reyes, indicó Crespo, le reclamó a De la Paz por haber dado pormenores de la comisión, refiriendo que “eso no se dice”. Poco después Marcelo Reyes habría sido separado del cargo.
Versiones de funcionarios de la CGE refieren pedidos directos del contralor (s) Pablo Celi para desvanecer glosas en caso Las Torres
De la Paz habría gestionado una reunión con Bravo, quien ya era gerente general de Petroecuador, para explicarle la falta de pagos con Nolimit. El funcionario se habría disculpado por los incumplimientos de Petroecuador y se habría comprometido a ayudar para que se libere el total de los pagos adeudados, todo a cambio $ 4 millones.
“Nos pagaron $ 5 o 6 millones aproximadamente y se tuvo que cumplir con la exigencia del doctor Bravo por alrededor de $ 4 millones. Los detalles del pago los conoce mi socio José Luis De la Paz, debiendo aclarar que luego el señor Bravo salió de Petroecuador y no nos terminaron de pagar hasta ahora”, manifestó en su versión Pedro Crespo.
Luego del fallecimiento del exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, por el delito de delincuencia organizada son procesadas trece personas, entre quienes está el contralor (s) Pablo Celi, su hermano Esteban Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. (I)
