En total seis personas fueron convocadas para ser vinculadas al caso que analiza el delito de peculado ocurrido en la Seguridad Social de la Policía.
Un pedido de diferimiento de última hora y varios escritos no atendidos no permitieron que se instale, la mañana de este miércoles, la audiencia para vincular a dos exdirectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y cuatro empresarios a la instrucción fiscal que investiga el delito de peculado que se habría dado en operaciones de inversión irregulares con fondos de seguridad social policial.
La decisión de no instalar la audiencia de vinculación la tomó la jueza de Pichincha Yadira Proaño. Según ella, con la finalidad de garantizar el debido proceso no se instaló la diligencia, en la que habrían ingresado la mañana de este mismo miércoles escritos, así como también otros que no tuvieron respuesta y que fueron hechos el 26 y 27 de mayo pasado.
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“Esta juzgadora con la finalidad de proveer los escritos presentados no instala esta diligencia. Dejo constancia de cada una de las intervenciones realizadas, así como también de la falta de comparecencia de dos de las personas investigadas y sus representantes”, dijo Proaño.
A la diligencia convocada a las 10:30 de este miércoles no asistieron los exdirectores de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, respectivamente, ni tampoco sus abogados. Ante ello, la jueza Proaño solicitó que para la próxima audiencia esté presente un representante de la Defensoría Pública para que pueda subsanar alguna no comparecencia.
Quienes sí se presentaron a la audiencia de vinculación fueron los abogados de Jorge Chérrez Miño, encargado de las empresas cuestionadas con las inversiones del Isspol, y de los altos directivos de empresas inversoras, Carlos Carbo Cox, Luis Domínguez Viteri y Luis Álvarez Villamar. Justamente la defensa de este último fue quien solicitó se difiriera la audiencia.
El fiscal del caso Martín Navarrete no se opuso al diferimiento, pues dijo se debe garantizar el derecho de la defensa en igualdad de condiciones y contar con el tiempo y los medios adecuados. Apuntó que al existir un número de peticiones que no han sido atendidas oportunamente, la Fiscalía consideraba que se debía señalar un nuevo día y hora para la realización de la audiencia.
Entre los escritos presentados en el caso y que no han sido evacuados oportunamente estarían pedidos de que se cierre la instrucción fiscal una vez que se cumplieron los 90 días, que se contesten escritos para que así esté en firme la providencia del 27 de mayo pasado e incluso escritos que señalan que la audiencia de vinculación no puede darse, debido a que el pedido hecho por la Fiscalía fue realizado fuera de los 90 días de instrucción.
Ante esta última aseveración, el fiscal Navarrete negó que el pedido se haya hecho fuera del tiempo establecido para la instrucción fiscal, la cual se abrió el 25 de abril pasado, y aclaró que la solicitud fue entregada físicamente a inicios de mayo último. Proaño puso a disposición de los sujetos procesales el expediente para que puedan confirmar lo dicho por el fiscal.
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La jueza Proaño explicó que una vez dé contestación a los escritos no evacuados y se revise la disponibilidad de tiempo de la judicatura que ella lidera, mediante una providencia por escrito les informará a todos de la nueva fecha en la que se realizará la audiencia de vinculación.
Poco antes de esta audiencia también se suspendió la diligencia en la que se iba a tratar el pedido de revisión de la medida cautelar de arresto domiciliario que pesa sobre el general (sp) David Proaño, exdirector del Isspol, que es una de las cuatro personas que ya son procesadas en esta causa. (I)
