Con el proyecto de Ley de Libre Expresión, el presidente de la República, Guillermo Lasso, espera cerrar la primera institución desde que asumió funciones: el Consejo de Regulación, Desarrollo yPromoción de la Comunicación.
En el proyecto no se menciona al Consejo. De hecho, se derogan los artículos que definían sus atribuciones. Eduardo Bonilla, secretario General de Comunicación, dice que el organismo será eliminado.
El Consejo tiene unos 90 funcionarios. Su tarea, según la ley aún vigente pero cuyo reglamento fue derogado por Lasso, es consolidar el llamado sistema de comunicación.
A raíz de la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), en el 2019, el Consejo se hizo cargo del sistema de monitoreo de medios Videoma, que se adquirió por USD 1,6 millones.
El Consejo levanta informes no vinculantes sobre posible contenido discriminatorio, violento o sexualmente explícito. También lleva adelante el registro de medios de comunicación. La creación de este organismo se remonta al 2011, con la consulta popular que dio paso al trámite de la Ley Orgánica de Comunicación.
De ahí que el correísmo critica la posibilidad de aprobar reformas que supuestamente irían contra lo que se aprobó en el referendo.
“El Consejo será eliminado por ser contrario a los derechos humanos. Ninguna consulta está por encima de los derechos humanos”, dijo Bonilla al respecto, en declaraciones de prensa.
Por ahora, el Gobierno no ha confirmado cuál será el destino de Videoma. Una parte de esos equipos está operativa solo en la sede del Consejo.
Los componentes que se usaron en las siete intendencias de la eliminada Supercom permanecen empaquetados.
Bonilla resalta que el proyecto de Libre Expresión incorpora recomendaciones de organismos internacionales, como la prohibición de la censura previa y la inviolabilidad del derecho a no revelar las fuentes periodísticas.
También ratifica que la calumnia no va a ser tratada como un delito penal, sino que se limita a sanciones civiles.
El secretario, además, reveló que el Gobierno planea enviar una ley complementaria, en la que se incluiría, entre otros apartados, temas de publicidad, pero no dio más detalles.
Luego de que Lasso derogara el reglamento de la Ley de Comunicación, ya hay una repercusión directa, a criterio de Caroline Ávila, analista y docente universitaria.
Menciona, por ejemplo, que la norma disponía que se transmitiese contenido educativo que servía como refuerzo para zonas donde no hay acceso a Internet. “EducaTV era un buen complemento. Ahora, simplemente estamos a la buena voluntad de los medios”.
Otro cambio, dice Ávila, es la publicación de contenido intercultural. Recuerda que en ese rubro había cooperación de varias universidades, para cumplir con ese parámetro inclusivo. También cree que se debería definir con claridad lo que son medios privados, públicos y comunitarios.
En esa línea, el secretario Bonilla aseguró que la intención del Gobierno es vender los medios incautados y dar pie a la transformación de medios públicos en estatales.
Ayer se hizo , 2 de junio del 2021, pública una carta del Sector Comunitario de la Comunicación, suscrito por unas 40 organizaciones. Ellos cuestionan el proyecto de Lasso y piden que las reformas “no sean regresivas”.
Una parte de los firmantes acudió a la Asamblea, donde fueron recibidos por el presidente de la comisión de Derechos Colectivos, José Cabascango, de Pachakutik.
“Tenemos muchas preocupaciones porque esta ley, en una primera revisión, tiene bastantes retrocesos en derechos alcanzados”, dijo el asambleísta Cabascango.
Con sus asesores, el legislador presentó un análisis y sostuvo que el proyecto es “insuficiente y contradictorio” para garantizar la democratización del acceso a la comunicación y a la libre expresión.
Naira Chalán y Apawki Castro, dirigentes de la Conaie, así como Humberto Cholango, expresidente de la Ecuarunari, lo tacharon de “regresivo”.
Cholango rechazó que se pretenda colocar en igualdad de condiciones a medios comunitarios y a privados para el acceso a las frecuencias.
Castro, por su parte, añadió que debe existir un ente que regule los contenidos interculturales en los medios de comunicación. Esa tarea la realiza el Consejo de Comunicación.
Hernán Reyes, exvocal del Cordicom, sostuvo que no se puede ir a los extremos: de un polo considerado por algunos sectores como totalitarismo-regulatorio, a uno donde no exista regulación.
El proyecto aún no es calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Además de Cabascango, la Comisión de Garantías Constitucionales está integrada por Sofía Sánchez, Édgar Quezada y Mario Ruiz, de Pachakutik, Virgilio Saquicela (Ind.), Gruber Zambrano (PSC) y los correístas Paola Cabezas, Victoria Desintonio y María Astudillo.
