La denuncia se origina por lo que considera un cobro generalizado y sistemático en el país, según Zaida Rovira.
Manta, Manabí-Redacción
La Defensoría del Pueblo presentará en los próximos días en una unidad judicial de la provincia de Pichincha una acción de protección contra el Estado ecuatoriano, por cobros excesivos en las tarifas del servicio de energía eléctrica.
Zaida Rovira, defensora del Pueblo subrogante, anunció esta acción judicial este viernes en Manta y sostuvo que se debe formular una política pública en provisión del servicio de energía, que contemple los mecanismos de reclamos y otras articulaciones dirigidas a que se respeten normativas de defensa al usuario.
La denuncia se origina por lo que considera un cobro generalizado y sistemático en el país. Según Rovira, las provincias donde más se han presentado quejas son Manabí, Santa Elena, Pichincha y Guayas, solo en esta última provincia se han reportado unas 60.000 quejas en los últimos tres meses.
Rovira señaló que aceptó el pedido del asambleísta manabita Xavier Santos, quien le planteó la necesidad de presentar una demanda judicial a favor de quienes reclaman el alto cobro en la facturación del servicio de energía eléctrica.
“Se trata de una garantía jurisdiccional, una acción de protección, en este caso con una medida cautelar a fin de que el juez determine primero que como medida cautelar se suspendan estos cobros indebidos hasta que el juez resuelva el problema de fondo, que es el cobro excesivo. Nadie nos ha dicho, ninguna de las empresas en el país nos ha dicho que hemos elevado el precio del kilovatio”, sostuvo Rovira.
Y la funcionaria también hizo un llamado a los usuarios a que no paguen más de lo que promediaron los últimos seis meses en las planillas de consumo eléctrico. “Aquí sí tengo que ser muy enfática, por favor, atendamos a la ley, no paguemos, y lo estoy diciendo públicamente y bajo mi responsabilidad, no paguemos, no paguen las facturas en exceso, paguen el promedio de los seis últimos meses, y si no les quieren aceptar el promedio que van a consignar, vayan a la Defensoría del Pueblo”, expresó Rovira.
En Manabí se ha realizado un informe sobre las probables causas que provocan el incremento de las facturas. Víctor Arias, quien lleva adelante la defensa de algunas quejas ciudadanas, adujo que la empresa eléctrica, al menos en esta provincia, realiza cobro al cálculo, discriminan a los grupos vulnerables, presuntas irregularidades con empresas de cobranzas y casas bancarias, al igual que cobros de tasas municipales y de otros rubros.
“Estas son algunas de las observaciones que hemos revisado en Manabí, que esperamos formen como base de la demanda que elevará la defensora del Pueblo en los próximos días”, dijo.
El asambleísta Santos indicó que el pedido judicial a favor de los perjudicados fue su primera acción como legislador y que, en el caso de Manabí, presentará un documento al gobernador de esta provincia, Juan Francisco Núñez, para que los representantes de la empresa eléctrica no corten el servicio a los usuarios y que solo paguen el consumo promedio de los últimos seis meses hasta que se resuelva el problema.
Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero divulgó un comunicado exigiendo al presidente Guillermo Lasso que “cumpla con su promesa de campaña de rebajar la tarifa del servicio de energía eléctrica, en especial a las personas más necesitadas y a negocios populares”. Similar pedido se replicó a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), entidad que emite el pliego tarifario vigente en el país.
“Están asfixiando a los ecuatorianos con montos impagables en una crisis económica sin precedentes, producto de la pandemia”, señaló la misiva.
La bancada del partido político pedirá la comparecencia del ministro de Electricidad y Energía Renovable y presidente del directorio de Arconel, Juan Carlos Bermeo, para que ofrezca respuestas inmediatas sobre el tema. (I)
