Para el Gobierno es clave que el proyecto de Ley Creando Oportunidades esté vigente hasta finales de diciembre del 2021. La no aprobación no es una alternativa para la administración de Guillermo Lasso y una opción, para su efectivización, es que rija a través del Ministerio de la Ley.
La ministra Alexandra Vela adelantó que “muchos constitucionalistas” han indicado que habría un exceso en la atribución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) al devolver al Ejecutivo el proyecto al considerar que no hubo unidad de materia. Explicó que ha habido sentencias favorables de la Corte Constitucional (CC) en casos similares.
¿Podría entonces entrar la Ley por ese Ministerio?
Vela: respondió: “Esa podría ser una de las consecuencias, (…) podría ser una opción dependiendo de cómo se maneje el tema, pero creo que en este tema hay que hacer un balance estrictamente jurídico, el manejo político y buen entendimiento entre ambas funciones del Estado”.
Sin embargo, expertos constitucionales difieren con esa posibilidad y detallan que existen otros dos escenarios para el Gobierno, en el que se descartaría la consulta popular.
André Benavides aseguró que no sería posible aplicar la vigencia del proyecto, a través del Ministerio de la Ley, porque no fue calificado por el CAL y no se cumplió el plazo de 30 días que tenía para ser tratado desde que fue presentado. “Se interrumpieron los plazos, por lo que no aplica, si se intentara hacer eso, sería un antecedente nefasto”.
Para Ismael Quintana la propuesta sería “jurídicamente inviable”. No obstante, detalló que se podría lograr si se prueba la “facultad dudosa” del CAL para devolver un proyecto con señalamiento de que adolece de vicios de constitucionalidad.
¿Qué opciones tiene? Tanto Benavides como Quintana coinciden en que se abren dos escenarios fuertes. El primero es que el Gobierno decida partir el proyecto en dos temas: lo tributario y lo laboral. Lo tributario podría ser enviado con carácter urgente y el segundo de forma ordinaria.
El segundo escenario es que se envíe primero la parte tributaria como carácter de urgente y en los 30 días posteriores se envíe lo laboral, de similar forma. Así, en 60 días estarían resueltos ambos proyectos.
Sin embargo, Vela anunció que esta posibilidad significa “perder muchísimo tiempo” para la demanda de los ciudadanos por tener un empleo.
“Eso implicaría procesos que puedan durar un año, año y medio, hasta que se obtuviera el resultado final y eso no permitiría atender la urgencia que tienen los ecuatorianos”.
Benavides agregó que una tercera opción es que Lasso envíe dos proyectos con carácter económico urgentes.
Recordó que el artículo 140 de la Constitución establece que “mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la Presidenta o Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción”.
Y añadió que el artículo 140 da la opción que se puede aplicar dos proyectos de Ley urgentes en materia económica siempre que exista un estado de excepción: “Y actualmente vivimos un estado de excepción carcelario”.
Para Quintana esa opción es más compleja porque, a pesar de que se estipula aquello, podría generar rechazo porque no habría conexión entre un estado de excepción carcelario con temas económicos. “Se podría decir: ¿qué relación va a tener una crisis de cárceles con la falta de empleo?”.
En la Asamblea Nacional hay diversas posturas. El legislador de Pachakutik, Darwin Pereira, se mostró preocupado por “el silencio del Gobierno”. “Ya tenía que haber tenido una alternativa respecto a lo que va a hacer en caso de que el CAL lo devuelva. Yo sugiero que se divida el proyecto en dos”.
Añadió que está consciente de que el Ejecutivo puede hacer una consulta a la Corte Constitucional (CC) respecto a la actuación del CAL al devolver el proyecto. Y si es favorable para el Ejecutivo, luego de 30 días pueda ser oficializado por el Ministerio de la Ley.
El analista Simón Pachano sostiene que la consulta a la CC también le permitiría al Gobierno enviar nuevamente su proyecto a la Asamblea, donde el CAL ya no podría argumentar vicios de inconstitucionalidad.
Guido Chiriboga, asambleísta y coordinador de la bancada oficialista, recordó que el “Gobierno tomará las medidas legales y democráticas” necesarias. Y afirmó que no se descarta una consulta popular.
Sin embargo, para Benavides y Quintana esa ya no es una opción porque no alcanzarían los plazos. Por ejemplo, el tema de tributos e impuestos, que se establecen en el proyecto de Ley, deben estar publicados hasta el 31 de diciembre de este año si se quiere que rijan para el 2022. Y la organización de la consulta, hasta el día en que los ecuatorianos acudan a las urnas, tardaría más de 90 días.
