De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP), habría un descenso de casos positivos en Quito, aunque habrá que corroborarlo en los siguientes días.
El cambio de semaforización epidemiológica por COVID-19 para cantones del país con la consecuente flexibilización de medidas restrictivas es cuestionado por gremios de médicos y especialistas.
El Gobierno adoptó desde el pasado 16 de enero un semáforo de protección COVID-19 para enfrentar el brote de contagios. Hubo 193 cantones que estaban en semáforo rojo, 26 cantones en semáforo amarillo y dos en verde.
Y solo una semana después, la situación cambió: 29 cantones pasaron a color verde, 179 cantones en color amarillo y 13 cantones en rojo.
A través de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) indicó -el 22 de enero- que mediante el análisis de la demanda en los centros de atención hospitalaria, así como las UCI del país, se pudo determinar que los contagios de COVID-19 están estabilizados, observándose una reducción con relación a la segunda semana de enero (del 9 al 15), que fue el pico más alto en toda la pandemia.
Esa cartera de Estado sostuvo que se ha evaluado el índice de riesgo epidemiológico de COVID con base en las tendencias en la incidencia de casos, la letalidad, el nivel de transmisión, la ocupación de camas hospitalarias y la cobertura de vacunación por cantón.
Con ello, hay cambios en los aforos y se ha autorizado el retorno a las clases presenciales de manera voluntaria.
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La ministra de Salud, Ximena Garzón, informó que -en la segunda semana epidemiológica- se reportaron 47.053 casos confirmados, mientras que en la tercera semana, analizada con la variante ómicron, los casos confirmados alcanzaron 37.180, cerca de 10.000 menos reportados como confirmados a nivel nacional.
De acuerdo con reportes de esa cartera de Estado, entre el 15 y el 21 de enero hubo 50.632 nuevos contagiados.
Para Fernando Sempértegui, inmunólogo y rector de la Universidad Central del Ecuador, hay zonas del territorio nacional que todavía están en un punto de casi ascenso del repunte de la pandemia, debido, sobre todo, a la presencia de la variante ómicron, por lo que aflojar las normas requiere un proceso un poco más paulatino.
Sempértegui agregó que para los primeros días de febrero empezaría a declinar la incidencia del COVID-19 y entonces se podrían revisar las medidas a fin de que sean menos restrictivas, principalmente en lugares en los cuales hay presión económica o productiva.
Con respecto al feriado de carnaval, a juicio de Sempértegui, a la pandemia hay que seguirla día a día.
“Sí hemos visto y hemos constatado reiteradamente que las aglomeraciones multitudinarias son el antecedente de repuntes (de contagios); el repunte este que estamos viviendo en enero es la consecuencia del aflojamiento de las medidas de bioseguridad en el fin de año 2021”, dijo.
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Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, aseguró que la situación sigue siendo compleja, hay un aumento de casos que no se lo puede minimizar. Recomendó aplicar medidas de contención como la de reducir aforos.
A criterio de Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, las recientes decisiones del COE nacional parecería que responden a presiones de los sectores productivos y además han generado contradicciones con disposiciones del COE de Guayaquil.
El problema para Sacoto es que la información de la que dispone el COE es errática, porque hay problemas de registros que no dan cuenta de la realidad epidemiológica.
“El MSP recolecta la información de casos en las unidades de salud que están agrupadas en zonas y distritos disfuncionales que no corresponden a la información oficial que proporciona el INEC por parroquias, cantones y provincias (…), muchos casos especialmente aquellos atendidos en el sector privado no se reportan”, dijo Sacoto.
Álvarez consideró que la decisión gubernamental fue apresurada porque el comportamiento de la pandemia se lo debe evaluar no en una semana sino en unos quince días.
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El Colegio de Médicos de Pichincha cuestionó el cambio de alerta en Quito de rojo a naranja. El gremio consideró que debía seguir en color rojo dado que, agregó, los hospitales están saturados y hay listas de espera para acceder a una cama de UCI, lo que significa que a pesar de que se aumentaron las camas todavía son insuficientes.
En Quito hay tres casas de salud destinadas para atender COVID-19 del Ministerio de Salud Pública (MSP) en adultos.
En el hospital Pablo Arturo Suárez, del Ministerio de Salud Pública (MSP), que se ubica en el norte de la urbe, hay 50 pacientes de 57 camas disponibles en hospitalización y 30 personas de 32 camas en unidad de cuidados intensivos (UCI).
En el hospital Enrique Garcés, que está en el sur de la ciudad, 10 de 16 camas en hospitalización están ocupadas y las 3 de UCI también están ocupadas.
En el hospital Docente de Calderón, que está en el extremo norte, hay 5 personas de 8 camas habilitadas en hospitalización y 6 camas ocupadas de 9 habilitadas en UCI.
Estos dos últimos se activaron una vez que el hospital Pablo Arturo Suárez llegó al 85 % de su ocupación.
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Tatiana Pozo, coordinadora zonal 9 del Distrito Metropolitano de Quito del MSP, indicó que no hay listas de espera debido a que la habilitación o expansión hospitalaria se analiza tomando como referencia la curva epidemiológica.
Pozo agregó que -en días pasados- los fines de semana debían abrir más espacios; sin embargo, este sábado y domingo no hubo esa necesidad.
No obstante, de darse un incremento de contagios se pueden abrir más espacios de atención hospitalaria.
En la capital de la República, según Pozo, habría un descenso de casos positivos, aunque habrá que corroborarlo en los siguientes días. (I)
