El excontralor Pablo Celi mantiene la medida cautelar de prisión preventiva en el caso Las Torres, desde el 13 de abril pasado que se les formuló cargos.
24 de enero, 2022 – 21h29
En la cárcel es como deberán esperar la audiencia de juzgamiento dentro del caso Las Torres el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi y Adolfo Agusto Briones, luego de que el juez Felipe Córdova, la noche de este lunes, negó los pedidos de sustitución de la prisión preventiva hechos por las defensas de estos tres acusados por el delito de delincuencia organizada.
Para Córdova, por el momento, la orden de prisión preventiva de los tres es idónea, necesaria y proporcional. Además, según el juez, las defensas de los procesados no han presentado argumentos que permitan evidenciar que han variado los elementos que existen en su contra, no han enervado el peligro de fuga, ni tampoco han presentado nuevos hechos que hagan variar el cuadro procesal para que el juzgador pueda sustituir la medida de prisión preventiva.
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Ante ello, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre los hermanos Celi y Adolfo Agusto Briones. Ninguno de los tres fue trasladado este lunes a la sala de audiencia de la Corte Nacional desde la Cárcel 4, ubicada al norte de Quito, Centro de Privación de la Libertad en el que se encuentran los dos Celi y Agusto Briones desde el 13 de abril del 2021 en que se les formuló cargos.
Para el resto de procesados el juez Córdova confirmó las medidas cautelares de presentación periódica, prohibición de salida del país y uso del dispositivo electrónico. Únicamente a Andrés Luque se le cambió el lugar de presentación y en lugar de ser la Corte Nacional de Justicia, en Quito, lo deberá hacer en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
Se ratificó la prohibición de enajenar bienes de todos los procesados.
Horas antes, al existir elementos suficientes que hacían presumir la participación de los trece procesados en este caso, Córdova llamó a todos a juicio.
De la acusación hecha se desprende que ejerciendo el mando de este grupo estructurado estarían Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores; mientras que como colaboradores habrían intervenido la exfuncionaria pública Natalia Cárdenas, el exgerente de Refinación Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Pedro Saona, el empresario Álvaro Jorge de Guzmán, Adolfo Agusto Briones, Silvia López, su hijo Ángelo Rodríguez y Andrés Luque.
Los líderes de la organización fueron llamados a juicio en calidad de autores directos del delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que deja una pena para los mismo de siete a diez años de cárcel; y los colaboradores los acusó en base al mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos procesados de cinco a siete años de prisión.
A decir de Córdova el hecho investigado se dio entre los años 2017 al 2020, en Quito, mediante un posible acuerdo de funcionarios públicos de nivel directivo y con la colaboración de otros funcionarios públicos y privados se habría consolidado una estructura compleja y de presunta jerarquía, a través de la cual posibles líderes ostentaban cargos directivos en la empresa pública Petroecuador, la Contraloría General del Estado y la secretaría de la Presidencia de la República.
La resolución oral fue dada a conocer a más de un mes de que Córdova suspendió la audiencia preparatoria de juicio e ingresó a deliberar sobre los argumentos entregados por las partes en ocho días de diligencia.
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Pasadas las 21:00 de este lunes el juez penal de la Corte Nacional concluyó la notificación oral de la resolución, pese a que en la mañana ya dio a conocer que llamaba a juicio a todos. Por más de nueve horas Córdova dio a conocer los elementos de convicción que le hacían presumir a él que existió el delito de delincuencia organizada, la participación de cada uno de los trece acusados y que es necesario que los argumentos de los sujetos procesales sean expuestos en una audiencia de juzgamiento, en la que un Tribunal los valore y decida si encuentra o no culpables. (I)
